MENOS PARLA Y MÁS ACCION

Me parece un despropósito, reconocer oficialmente, que la génesis del desastre, acaecido en el partido de La Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires,  haya sido fruto de un fenómeno de la naturaleza y no, de la desidia de los gobiernos por no llevar a cabo las obras hidráulicas que hubieran evitado o minimizado el impacto de una copiosa lluvia que, en dos horas, aportó un caudal de agua entre 300 y 400 mm³.

Falló naturalmente la planificación y el sentido común.

La planificación falló, por cuanto, desde el ámbito oficial no hubo un estudio certero y objetivo sobre el impacto ambiental que ocasionaría la tala indiscriminada de bosques a lo largo del cinturón Buenos Aires – La Plata, para la construcción de la autopista de marras. Tal vez hubo razones de "peso" para que ello sucediera.

El sentido común falló, por cuanto, no se atendió el reclamo de las asociaciones ecologistas que avizoraban un panorama desolador a futuro, ni tampoco se atendieron los estudios realizados por los colegios profesionales de arquitectura e ingeniería que alertaban de la inconveniencia de reemplazar por cemento, lo que otrora fuera una superficie de tierra que succionaba el agua de lluvia y permitía la permeabilidad de los caudales emergentes en caso de desborde de los arroyos colindantes; se encajonó “todo” para favorecer a los intereses privados. Seguramente el sentido común fue amordazado por una cantidad millonaria de monedas. 

No se puede culpar a la naturaleza de los desastres, que vive el hombre cotidiano en la ciudad; sí, a la corrupción en el ámbito público, por no querer evitar las consecuencias  de un temporal a través de obras que aliviaren las consecuencias del mismo.

La ARGENTINA CORRUPTA debe terminar de existir (*) y  dar paso a una ARGENTINA PARA LA VIDA y el gozo y disfrute de los ciudadanos.

(*) Para que esto suceda es primordial que la justicia actúe independientemente del poder de turno y condene con prisión efectiva a los funcionarios que juran hacia la bandera y la patria, cuando no cumplan con la superior misión encomendada y se enriquezcan en función del cargo que ocupan. Estos funcionarios debieran antes de ejercer cualquier función pública, poner en fianza todo su patrimonio personal como requisito sine qua non para asumir. Luego, si se los halla culpables, ya por ineptos o corruptos, ejecutar esa fianza y declararlos por ley inaptos de por vida para el ejercicio de cualquier cargo en la administración pública.


Es mi deseo que los políticos hablen menos y hagan más.

¡Basta de discursos es hora de HACER!