"La ley debe ser justa siempre y tutelada por tribunales imparciales para que su eficacia sea plena; nunca la ley debe ser una herramienta de aplicación discrecional por parte del Estado; debe existir un coto a los arbitrios del que manda, por lo que todo acto de gobierno en aras de la representatividad de los administrados debe estar provisto del carácter de judiciabilidad".
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